Leire Pajín asegura que el Gobierno desarrollará propuestas para la retirada de los derechos aparejados a la paternidad sea automática en casos de violencia de género.

Gloria López - AmecoPress.  La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, que ayer realizó su primera interpelación ante el pleno del Congreso de los Diputados desde que está en el cargo, aseguró que el Gobierno tiene la intención de desarrollar las propuestas de modificación de la Ley de Violencia de Género planteadas en el informe de la Subcomisión de Igualdad del Congreso, presentado en diciembre de 2009, en el que se abordaba en detalle el caso de menores en entornos de violencia machista.

Esto significaría que los niños y niñas sean considerados víctimas de violencia de género en igualdad de condiciones que sus madres maltratadas y que los agresores condenados pierdan la custodia de los hijos e hijas o al menos sufran restricciones en el ejercicio de la patria potestad.

En la actualidad, la aplicación de la Ley de Violencia de Género no supone la retirada directa de los derechos aparejados a la paternidad ni para los agresores condenados ni para los asesinos probados, sino que tan sólo faculta al juez o jueza para hacerlo en los casos en que consideren convenientes.

Leire Pajín, que ayer respondía a una cuestión del PP sobre la situación de los y las menores víctimas de violencia de género, impulsará la propuesta de restringir automáticamente la patria potestad del condenado por violencia de género si se prueba que el contacto afectará "a la estabilidad y al normal desarrollo" de los hijos e hijas.

Mismo tratamiento y protección que sus madres

Entre estas propuestas del informe de la Subcomisión de Igualdad se defiende que la condena firme por violencia de género "conlleve la pérdida de custodia de los hijos e hijas menores y se suspendan las visitas cuando haya motivos para ello".

Además, considera necesario que el régimen de visitas a los hijos sea suspendido de forma cautelar cuando una denuncia por maltrato sea admitida a trámite y también que la orden de protección sea extensiva a los y las menores junto con la de su madre. Y que se procure a estas niñas y niños asistencia psicológica cuando sea necesario.

Este año ya han muerto cuatro menores junto a sus madres y 40 se han quedado en situación de orfandad tras los 58 asesinatos de mujeres que se han registrado hasta hoy. El año pasado no murió ningún menor y quedaron huérfanos y huérfanas 36.

Se estima que en España hay 800.000 niños y niñas víctimas de la violencia de género. De estos, 200.000 son hijos e hijas de mujeres que han recibido órdenes de protección y se calcula que de ellos, tan sólo el 4 por ciento reciben atención personalizada, según un informe que realizó la ONG Save the Children para el desaparecido Ministerio de Igualdad.

Son muchas las personas expertas y organizaciones que reclaman que la custodia es “inadmisible en situaciones donde haya el más mínimo indicador de violencia”, tal y como expresa Consuelo Abril, perteneciente a la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) y ex presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y que abogan porque la retirada sea “automática” y no dependa de la valoración del juez o jueza.